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La Evaluación Psicológica Forense se diferencia en muchos aspectos de la valoración psicológica en un contexto general clínico. En primer lugar y el más evidente, es que las personas peritadas o sujetos de peritación, suelen serlo a requerimiento de un juzgado, sea o no en principio solicitada por sí misma (como parte demandante o demandada), es por esto que puede afectar de manera contraria a los propios intereses del peritado lo que, con elevada probabilidad, afecta a la voluntad de participar en el proceso de evaluación y puede llevar a responder no sólo a los test de psicodiagnóstico con un estilo de respuesta distorsionado,  (pruebas algunas de las cuales tienes sus propias escalas e índices de sensibilidad a factores como la Deseabilidad Social, Infrecuencia, Invalidez, Estilo de Respuesta, entre otros) sino directamente falsear la realidad y presentar hechos incontrastables por el mismo perito psicólogo pero por eso mismo, también irrebatibles por un argumento contrario, o intentar en el mejor de los casos, presentar una imagen no tan fiel a la que podía presentar en un entorno menos judicializado y con menos intereses extra-personales en juego como suele ser un proceso clínico o con finalidad puramente psicoterapéutica, procesos en los que la motivación de búsqueda de ayuda y el estar abierto a discutir y plantear los problemas personales y los comportamientos inapropiados e indeseados son el origen y el desencadenante inicial del proceso y que serán en todo caso, reformulados y trabajados en un entorno seguro y confidencial, pero difícilmente juzgados por el profesional de la psicología y menos por un tercero o terceros (jueces, fiscales, abogados, o la parte contraria).

En segundo lugar, al psicólogo forense se le plantean una o una serie de demandas periciales o cuestiones que ha de responder y justificar en sede judicial, requiriendo la habilidad y la competencia para, no sólo responder técnicamente desde la disciplina psicológica sino «traducirlo» al ámbito legal y judicial en relación al objeto de controversia judicial, justificando las conclusiones en base a resultados cuantificables y demostrables a demanda del propio juzgado o de los letrados de las partes.

Finalmente, la evaluación psicológica forense es una forma muy específica y especializada de evaluación psicológica que, a diferencia del ámbito clínico y psicoterapéutico, tiene consecuencias de índole económico y personal que involucran cuanto menos a la «otra parte» en una controversia judicial, juegos «de suma cero« en los que lo que una parte gana, lo pierda la otra, En el ámbito puramente clínico, pueden existir consecuencias «colaterales» o afecta la relación con otras personas, pero serían estos consecuencia de un proceso terapéutico pero si los hubieren sólo vendrían dados por las propias decisiones y comportamiento del evaluado.

 

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El artículo «Del Libro Blanco del Título de Grado en Psicología al negocio de la desesperación: Análisis cuantitativo de los estudios de Psicología en España durante la década 200-2015» de Sánchez-Reales, Prado-Abril, Inchausti, Fernández-García, J. Losada y Aldaz-Armendáriz en el último número de Papeles del Psicólogo 2017, Vol. 38(3), pp. 185-194  presenta una conclusiones bastante desalentadoras del pasado reciente, el presente y sin nada que parezca indicar viraje alguno, un futuro más oscuro para la profesión de la psicología en España y fundamentalmente para los profesionales presentando un duro impacto sobre la precariedad laboral, elevadas tasas de desempleo y  un modelo escasamente sostenible de la profesión.

Varios son los indicadores llamativos: el aumento de la oferta formativa que por un lado van dando forma a «una burbuja de la formación que desvaloriza el propio título, donde la alternativa es la obtención de más títulos para diferenciarse del resto de aspirantes, bosquejando un lucrativo negocio de la desesperación» y por otro da lugar «en la actualidad a lobbies de presión que ponen en riesgo este desarrollo sostenible y el equilibrio«. La oferta docente y el número de graduados es cada vez más creciente, con un incremento superior al 26% en número de centros de impartición del Grado de Psicología (130% de carácter privado), y un incremento de matrículas superior al 2% anual (mayor del 6% en universidades privadas).

El mercado laboral que es, en definitiva, el medidor último y fundamental del valor social de una disciplina profesional, en nuestro caso, «presenta indicadores radicalmente opuestos a su funcionamiento, un total de demandantes de empleo por encima de tres promociones completas de egresados convierten una elección inicialmente atractiva en una fuente de frustración y desesperación, para muchos, crónica». Los datos analizados muestran una tendencia estabilizada alrededor de 7.500 egresados anuales y alrededor de 21.000 los profesionales demandantes de empleo de modo estable.

La universidad como el principal beneficiario de esta dinámica y centrada en la «aspiración al crecimiento por el crecimiento al margen de la responsabilidad social de la Universidad»  transmite «expectativas distorsionadas sobre el mercado laboral y las posibilidades de inserción en el mismo« como cualquier estudiante de grado o master oficial (o propio, o privado, ya puestos) puede ser testigo, presentando una profesión idealizada y de «gran demanda social» (muy afines a las ideas erróneas y mitos que circulan por la sociedad sobre la psicología y la profesión), que contrasta de manera llamativa con la reactancia a aceptar o difundir de la misma manera por parte del profesorado universitario los posibles réditos profesionales y sociales y bondades de la vía doctoral e investigadora. Sólo hay que echar una ojeada a los programas de formación del ADEIT y oficiales de la Universidad para tras una primera reacción de perplejidad, una segunda de asunción de la descripción de Eagleton (2017) de «la transición desde centros de la crítica humana a meros órganos de mercado, valorados en función del impacto económico», y una tercera y concluyente de diagnosis de hipertrofia de un sistema que «necesita incorporar progresivamente más alumnos para mantener la dinámica económica, cristalizando en un funcionamiento decadente que pone en jaque a la demanda profesional real que no es proporcional  y en riesgo de colapso a la disciplina misma».

Los autores, alumbran no obstante, algunas medidas correctoras que giran en torno a una gestión más sostenible de la profesión, tales como una gestión más realista del alumnado y «el desarrollo de competencias y su encaje en el mercado laboral como variables básicas y relevantes en la composición de una oferta formativa universitaria de calidad, moral y ética para la sociedad en la que se insertará» el graduado.

 

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